​​Según la definición de la FAO, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando una persona, ya sea sola o en común con otras, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación suficiente, adecuada y culturalmente aceptable que se produce y consume de forma sostenible, manteniendo el acceso a la alimentación para las generaciones futuras.

​Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que han realizado en los últimos años los países de América Latina y el Caribe en el desarrollo e implementación de reformas constitucionales, leyes nacionales o estrategias con el objetivo de cumplir con el derecho a la alimentación, éste aún está lejos de materializarse.

Esta línea de actuación, precisamente, trabaja para favorecer la elaboración de políticas, leyes, regulaciones, programas y proyectos sectoriales conducentes a garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, fruto del intercambio y la creación de conocimiento entre los titulares de los derechos y los responsables de los gobiernos de la región.