Una alianza estratégica entre España y América Latina y el Caribe para combatir el lavado de activos y el crimen organizado en el contexto del COVID-19

A través del aula virtual de la Red de Centros de Formación de la Cooperación Española, desde el 4 de noviembre hasta el 16 de diciembre, 50 participantes de países de América Latina y el Caribe fueron seleccionados para debatir e intercambiar conocimientos sobre el lavado de activos, en el contexto actual de crisis económica y social a causa de la pandemia por COVID-19. 

En su mensaje de inauguración, la Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID, Carmen Castiella, subrayó que este ciclo tiene como objetivo construir un plan de acción conjunto que incluya buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre amenazas emergentes y vulnerabilidades, que han surgido en relación al crimen organizado, en el marco de la crisis por COVID-19. 

Explicó que esta actividad se enmarca en la Estrategia de Respuesta Conjunta ante la COVID-19, cuyo objetivo es recalibrar la respuesta de todas las agencias de la Cooperación Española para la promoción de los bienes públicos globales. Esta estrategia establece tres prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública; proteger y recuperar derechos y capacidades; y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, y reforzar la gobernabilidad democrática.

Asimismo, en el marco de esta estrategia, la Red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina a través de su Plan INTERCOONECTA diseñaron el Proyecto conjunto “ImpulsaLAC” para la Identificación de Estrategias de Reconstrucción ante el Escenario Post COVID-19 en América Latina y El Caribe​. Este proyecto busca el fortalecimiento de las instituciones para la creación de instrumentos de apoyo a las políticas públicas en la región, a través del papel impulsor, articulador y facilitador del diálogo entre España y ALC.  

Esta actividad se desarrolla en el marco de la línea Finanzas Públicas para el Desarrollo que desarrolla el CFCE Montevideo, y que da respuesta a uno de los resultados que se busca a través de la Estrategia de Respuesta Conjunta en la línea de finanzas públicas:  la articulación interinstitucional en prevención del lavado de activos en el marco del COVID-19.

Por su parte, la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de España, Ana Gallego, resaltó que el combate a las fuentes de financiacion del crimen organizado es una prioridad del gobierno de España. Esa lucha persigue no solo evitar la legitimación de las ganancias procedentes de actividades ilícitas, sino también romper el ciclo de la criminalidad organizada, la corrupción y atacar la raíz de los grandes tráficos (de armas, de drogas y de personas); así como también busca eliminar el efecto corrosivo de la criminalidad en la economía, y sus ramificaciones en todas las areas de actividad, y “solo comprendiendo la importancia de la participación de todas las instituciones, es que se podrá enfrentar esta lucha de manera exitosa”, enfatizó. 

A través de este ciclo, la Cooperación Española da continuidad al trabajo interdisciplinar  e interinstitucional realizado en la Programación Interconecta de 2019, dirigido a la prevención del lavado de activos y la adecuada gestión de los bienes incautados, y que conjugó varias actividades sobre la lucha contra la financiación del crimen organizado y el blanqueo de capitales, dirigida a los diferentes actores involucrados en el combate de este tipo de delitos, desde sus diferentes dimensiones: prevención, investigación, localización, recuperación y gestión de activos.

En esta oportunidad, la alianza interinstitucional incluye a un conglomerado de organizaciones,  tales como la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (DGCJIDDHH), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), el Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estrecha relación con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), el Consejo General del Notariado (CGN), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Vigilancia Aduanera​, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)​, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Tesoro Público, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT)​ y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.

Con este ciclo, la Cooperación Española contribuye a la Agenda2030 de Desarrollo Sostenible y específicamente a los ODS16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS17 (Alianzas para alcanzar los objetivos).