El evento fue organizado por el Instituto de Comunicación para el Desarrollo (ICD), en conjunto con la Cooperación Española. La jornada contó con la participación del Embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez, quien reafirmó el compromiso de España con la defensa de los derechos humanos y destacó el papel de la cooperación internacional en la promoción de la democracia y las libertades fundamentales.
El informe de CIVICUS Monitor, presentado en la ocasión, reveló que 25 de los 35 países de las Américas restringen severamente las libertades cívicas, reflejando un contexto de crecientes represiones políticas, debilitamiento institucional y ataques directos contra activistas y periodistas. Desde 2018, los ataques a periodistas y el asesinato de defensores de derechos humanos se han mantenido como violaciones recurrentes y alarmantes en la región, siendo Brasil, Colombia, México y Perú los países con los índices más altos de violencia.
“Los datos reflejan un deterioro preocupante de las condiciones democráticas y el recrudecimiento de la represión contra quienes defienden las libertades fundamentales,” afirmó Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor.
En respuesta a este contexto, se lanzó la iniciativa "Montevideo: ciudad segura para personas defensoras de derechos humanos", un programa regional apoyado por la Cooperación Española que busca ofrecer protección y reubicación temporal para defensores en riesgo provenientes de ocho países de América Latina. Este proyecto también contempla la creación de una red de apoyo integrada por organizaciones sociales, organismos internacionales y actores gubernamentales.
Financiado por “Programa Democracia” impulsado por la Cooperación Española, el proyecto en Montevideo será ejecutado por el ICD. Esta iniciativa no solo garantiza un espacio seguro para quienes se encuentran en peligro por su labor de defensa, sino que también fomenta la construcción de redes de solidaridad y protección a nivel regional,” destacó Lorena Patiño, representante del ICD.
Durante el evento, se destacó el estrecho vínculo entre la calidad de las instituciones democráticas y el desarrollo sostenible de los países. En este marco, España reiteró su apoyo a las reformas necesarias para superar la crisis de gobernabilidad en América Latina, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales para fortalecer la democracia.
La actividad concluyó con un llamado a la acción conjunta de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para proteger a quienes, a menudo con gran riesgo personal, trabajan incansablemente por la justicia y los derechos humanos en la región.