El objetivo de esta actividad buscó conocer la regulación penal del delito de trata de seres humanos existente en los diferentes países, además de determinar las dificultades a las que se enfrenta la victima de trata de seres humanos antes, durante y después del proceso penal, para poder establecer mecanismos de mejora. También se trabajó en reconocer cómo afectó la pandemia provocada por la COVID-19 en las víctimas de trata de seres humanos.
Si bien a esta actividad se registraron más de 100 personas, se seleccionó un grupo de 40 participantes que asistieron de manera virtual y dinámica durante las tres semanas de duración del curso, aportando sus experiencias y conocimientos a través de los foros de debate.
El pasado 10 de diciembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se llevó adelante un seminario web para compartir los principales resultados y conclusiones de manera abierta. Contó con las exposiciones de magistrados y magistradas del Consejo General del Poder Judicial: Vicente Magro Servet, Pilar Izaguerri Gracia, María Gavilán Rubio y Ricardo Rodríguez Ruiz; y de la oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Eurídice Márquez y Carlos Pérez.
Entre los temas que se abordaron, se destacó la importancia de cuidar y garantizar la seguridad de las víctimas de trata, para no caer en la re-victimización por parte de los sistemas judiciales.
Entre las buenas prácticas, se destacaron iniciativas que se llevan adelante en diversos países de América Latina, entre las que se encuentran el tratamiento del tema a través de legislación integral específica sobre la temática, la confidencialidad de los datos, la formación constante del personal abocado a esta lucha (incluyendo policías, fiscales y juristas) a través de capacitaciones y creación de guías de actuación específicas, la no revictimización de las víctimas a través de los procesos de investigación, y sobre todo, el foco en la prevención como una de las principales herramientas para el tratamiento y lucha. A modo de ejemplo, se presentó un caso en el que se cobra un dólar a toda persona visitante al país, que debe abonar a su salida del mismo, con lo que se crea un fondo para acciones de sensibilización y protección.
En relación a las lecciones aprendidas, se destacó la existencia de existencia de algunos déficit sobre la repatriación segura de las víctimas, así como también garantizar el correcto y seguro alojamiento, asistencia psicología y reinserción en el mercado laboral.
A su vez, se resaltó la necesidad de analizar también el contexto social, cultural, económicas de las victimas antes de ser captadas, de manera de complementar las acciones de investigación. Asimismo, reconocieron que la pandemia por COVID-19 provocaron un aumento de los “delitos de aprovechamiento”, en relación a aquellos delitos que se dan aprovechándose de la debilidad de sujetos, por lo que es necesario contemplar este tipo de situaciones globales, y sus consecuencias, para diseñar soluciones específicas.
La Cooperación Española, reafirma con esta actividad, su compromiso con el combate a este tipo de delitos, a través de una programación de cooperación judicial internacional de carácter regional, sobre acceso a la justicia eficiente y de calidad, en el marco de su programa Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, a través del Plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento de la Cooperación Española en América Latina y El Caribe – Plan INTERCOONECTA, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de las administraciones públicas y otros actores vinculados a las políticas públicas para avanzar en los retos regionales y el cumplimiento de la Agenda 2030, en especial los ODS 5 (Igualdad de género), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).