El laboratorio de Gasto Público complementó el intercambio realizado durante el mes de octubre dedicado al Ingreso Público. En ambos laboratorios se contó con instancias abiertas para compartir el conocimiento también con aquellas personas interesadas en la temática y que no fueron seleccionadas para las instancias de trabajo cerrado.
Los laboratorios fueron el resultado del esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de España, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina – EUROSociAL+, Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur) y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo a través de su línea de actuación Finanzas Públicas para el Desarrollo, cuyo objetivo es aportar a la mejora de la recaudación fiscal y la eficiencia y eficacia del gasto público, con el fin de aportar a las políticas públicas de movilización de recursos domésticos para el cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la capacitación técnica y el diálogo regional.
En particular, el laboratorio de Gasto Público se llevó a cabo entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre, con la finalidad de aportar a la política fiscal para fomentar la reactivación económica en América Latina y el Caribe, a través de la gestión del conocimiento. Contó con dos instancias abiertas para ampliar el conocimiento y abordar específicamente la eficacia del gasto público que se llevó a cabo el 25 de noviembre, y la dimensión de género en las políticas de gasto público que se desarrolló el pasado 1 de diciembre.
En su mensaje de cierre, la Directora del CFCE Montevideo, Mercedes Flórez, destacó el esfuerzo de colaboración interinstitucional y la generosidad de cada una de las personas e instituciones que participaron, que durante las dos semanas acompañaron la capacitación en un formato virtual a raíz del nuevo contexto marcado por la pandemia, aportando con interesantes reflexiones y debates sobre cómo mejorar la calidad del gasto público en el contexto COVID-19.
En tal sentido, destacó la importancia del conocimiento para abordar la fase de recuperación y reconstrucción de la región a través de la generación de alianzas entre actores internacionales para poner ese conocimiento a disposición de las instituciones, complementando esfuerzos y áreas de expertise. Como parte del resultado de esta capacitación se creó un grupo de LinkedIn denominado Finanzas Públicas para el Desarrollo, para seguir compartiendo información sobre ingreso y gasto público.
A partir de los trabajos individuales y grupales se elaboró un breve diagnóstico regional y propuestas en la mejora de gasto para el MERCOSUR, los países andinos, Centroamérica y México, y el Caribe. Asimismo, los resultados del laboratorio serán un insumo fundamental para el diseño de una programación para los próximos años en la línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo.
La dimensión de género en las políticas fiscales y de gasto público
El webinario sobre la dimensión de género en las políticas de gasto público se realizó el 1 de diciembre y contó con la presentación de María Dolores Almeida, Consultora en economía y finanzas públicas del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina – EUROSociAL; Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; y el Director General del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Alain Cuenca; con la moderación de Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de CEPAL.
Este panel de profesionales presentó la temática desde las tensiones existentes entre las políticas a largo y corto plazo, en el enfoque de gasto público para la igualdad de género, y cómo se ve afectado en el contexto COVID-19.
Todos coincidieron en que las micro y pequeñas empresas son las más afectadas por la crisis económicas y que están a la espera de soluciones urgentes, pero también que les permitan la sostenibilidad en el tiempo. Del mismo modo, indicaron que los primeros empleos que se perdieron en la región son los de la economía informal, donde las mujeres se vieron particularmente afectadas ya que participan de forma más intensiva en estos sectores más informatizados y menos productivos, siendo muchas de ellas jefas de hogar.
Durante el confinamiento por la pandemia las mujeres se relacionaron más con el teletrabajo, lo que implica llevar el ámbito laboral al hogar y mezclarlo con las tareas de cuidado que también recaen sobre las mujeres, lo que provoca una ampliación de la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Este panel también se refirió a la situación socio económica de la región y el impacto de la crisis por COVID-19. En la región, el desempleo de las mujeres se estima que llegará al 15%, enfrentando un retroceso en términos de pobreza y de seguridad alimentaria, pobreza infantil y disminución de las vulnerabilidades de mujeres y niños en hogares de menores ingresos. Y que tiene que ver con un efecto de arrastre del empleo informal donde las mujeres están sobrerepresentadas y desprotegidas, al requerir gran esfuerzo por parte de los gobiernos por regular los sectores informales a través de políticas fiscales que pongan a los más vulnerables en el centro.
Se estima que este 2020 culminará con 118 millones de mujeres viviendo en la pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe, por lo que es necesario revisar tanto el gasto como las inversiones públicas para no permitir el retroceso de la autonomía económica de las mujeres. En tal sentido, será necesario revisar todas las recetas que se usaron en crisis económicas anteriores, ya que no se podrán atender con las mismas fórmulas, para que los hogares no pierdan su capacidad y su poder adquisitivo para temas como la salud, la alimentación, etcétera.
En esa línea, los gobiernos y tomadores de decisiones se enfrentan al dilema de sostener o generar los apoyos a corto plazo, pero que tienen que repensarse, previendo nuevas estapas de confinamiento hasta el desarrollo y efectividad de una vacuna. Durante esta crisis se debe gestionar la emergencia y, a la vez, dar un salto para pasar de los estándares mínimos de protección social, nuevos derechos y de los sistemas de cuidado, por lo que la gestión de la crisis requiere de la visión de largo plazo.
En tal sentido, señalaron que los presupuestos nacionales deberían servir como un instrumento para corregir la desigualdad de género, a través de medidas concretas positivas para combatir la desigualdad de género en todos los ámbitos, estímulos a las empresas para incentivar a cambios de comportamientos de cara a la carrera profesional y de ascenso de las mujeres a puestos de dirección; y una perspectiva de género que sea transversal a todas las políticas públicas, teniendo en cuenta especialmente los intereses de las mujeres y niñas.
Mira el webinario abierto La dimensión de género en las políticas fiscales y de gasto público.