Este panel contó con la participación de la Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales de España, Cristina García-Herrera; la Asesora tributaria del Centro de Política y Administración Tributaria de OCDE, Ana Rodríguez-Calderón, el Director de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Alejandro Juárez; y la Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany.
La instancia fue moderada por Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de CEPAL, quien señaló que en este contexto de crisis económica es absolutamente urgente abordar el vínculo entre la fiscalidad y las desigualdades de género y revisar la estructura tributaria y de recaudación para asignaciones presupuestarias con impactos sobre la igualdad, y el logro de la igualdad entre hombres y mujeres.
Reducir la brecha de género puede beneficiar las economías de América Latina en 26 trillones de dólares
En su presentación, Cristina García-Herrera, del Instituto de Estudios Fiscales, se refirió a la necesidad de tener una mirada de género en la fiscalidad que afecte tanto a los ingresos públicos a través del sistema tributario como al gasto público y a la necesidad de que existan presupuestos con perspectiva de género. Enfocó su presentación en la situación de las mujeres en los puestos de responsabilidad y se refirió a los llamados techos de cristal y de cemento (estos últimos en relación al techo que se autoimponen las mujeres para lograr la conciliación familia-trabajo) y que están presentes en la cultura empresarial y que impide a las mujeres avanzar en su carrera profesional.
En tal sentido, planteó dos posibles caminos para poder conseguir una mayor participación de las mujeres en puestos de responsabilidad: por un lado, la posibilidad de establecer beneficios fiscales mediante medidas de discriminación positiva en el ámbito de impuestos de la renta y en impuestos sobre sociedades y por otro lado el llamado sistema de cuotas femeninas de participación femenina en los consejos de administración.
Señaló que en el informe "Mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para el cambio" de la Organización Internacional del Trabajo, de 2019, se estimó que las empresas que tienen al menos un 30% de mujeres en puestos directivos tienen un 9% más de probabilidad de mejorar su rendimiento económico; y agregó que para América Latina el Foro Económico Mundial indicó que reducir la brecha de género puede traer para las economías de américa latina 26 trillones de dólares, por lo que atender la situación de las mujeres directivas se es una cuestión a priorizarse, ya que actualmente, a nivel a nivel global solamente una de cada cinco empresas están lideradas por mujeres.
Red de Igualdad de Género de OCDE busca reducir las desigualdades del sistema tributario
Por su parte, Ana Rodríguez-Calderón presentó el trabajo realizado por la Red de Igualdad de Género constituida por la OCDE en 2019 que busca dar más oportunidades de desarrollo a las mujeres en la administración tributaria. Uno de los trabajos recientes de esta red permite considerar opciones para maximizar la inclusión y la igualdad de género en los sistemas tributarios contemplando cinco apartados: legislación para prevenir la desigualdad en el sistema tributario, destacando los ejemplos de Chile y México; prácticas laborales flexibles (trabajo desde casa, horarios, salas de lactancia en Argentina), liderazgo (política de género de Alemania por ejemplo); comunicación y compromiso (redes de apoyo para las mujeres en las administraciones tributarias) e iniciativas específicas (reglas de discriminación positiva para el reclutamiento).
En relación al COVID-19, esta red de igualdad de género identificó una serie de desafíos entre los que se destacan la necesidad de tomar en cuenta la igualdad de género tanto en la respuesta a la crisis como en el periodo de recuperación. Pensar en igualdad de género y en consideraciones de género a la hora de diseñar las políticas, equilibrar las responsabilidades laborales y de cuidado, y también elaborar esquemas flexibles dentro de la administración tributaria para que las mujeres puedan acomodarse mejor y puedan seguir con sus trabajos y no tener que renunciar para poder hacerse cargo de la casa.
Un problema multidimensional que debe atenderse con macro intervenciones
En tanto, en representación del CIAT, Alejandro Suárez, subrayó que no se puede perder la perspectiva de que el género es un tema multidimensional y por lo tanto existen muchas maneras de abordarlo y explicarlo, entre ellas se encuentran la dimensión sociológica, antropológica y económica. Resaltó que los sistemas tributarios pretenden construir equidad, pero que no siempre se logra. "Entonces la pregunta de fondo es si la forma en que hemos diseñado los sistemas tributarios dejan o colocan a las mujeres en una condición de vulnerabilidad, que las hace estar obligadamente en esa condición de rezago o inequidad. En tal sentido, abogó por la necesidad de planear acciones de macro intervención a nivel organizacional para entender, particularmente en una administración tributaria, cuáles son las barreras o las resistencias para incorporar la perspectiva de género y ampliar la documentación de cómo está afectando este tema a las mujeres.
Las recetas anteriores de las instituciones financieras no van a funcionar si no contemplan el género
Finalmente, desde ONU Mujeres, Cecilia Alemany expresó que no es fácil abrir esta discusión en muchos espacios donde tradicionalmente se discuten las políticas económicas. Hay cada vez más evidencia para entender y ampliar la idea de que existe una invisibilidad de las discriminaciones estructurales de las sociedades latinoamericanas, que se transforma en problema de equidad profundo.
La crisis del COVID-19 termina siendo una crisis económica y social y pone una presión adicional también a la capacidad de respuesta, a la capacidad de gestión y gobernanza, y hasta gobernabilidad de los países en América Latina por el impacto que está teniendo. Se estiman que 118 millones de mujeres caerán en la pobreza en este año y aproximadamente se perderán 25 millones de empleos, lo que hace que estas presiones previas de la sociedad de la desigualdad y la discriminación sean todavía más fuertes. La pérdida de empleo no solo afecta a las mujeres que tenían un modelo de trabajo de medio tiempo o las que tenían empleos que no necesariamente se pueden digitalizar, sino que la mayoría se encontraban en la economía informal, en empleos con los que no tenían ningún tipo de protección social, y que por lo tanto la protección de sus derechos como trabajadoras ante la pérdida masiva de empleos las dejó sin ningún tipo de ingreso; muchas de ellas jefas de hogar. Y se habla, no solo del impacto a las mujeres sino de aquellas que enfrentan estas intersecciones de la discriminación: las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes que no tienen necesariamente las redes de contención o de protección social que podemos ver en otros contextos.
Todo esto evidencia un retroceso en la reducción de la pobreza y aumentará la desigualdad no sólo de género sino de ingreso. "De alguna manera tenemos que empezar a responder de otra forma a esta crisis. Las recetas anteriores de las instituciones financieras internacionales y que nuestra la estructura económica de la región daba a la crisis financiera de corto plazo no van a funcionar, la contención del gasto no va a funcionar", sentenció y agregó que las prioridades deben estar en prevenir que siga aumentando la pobreza, la desigualdad de ingreso y de género "en lugar de reconstruir, mejor es transformar la economía, traer al centro de la economía a las mujeres, los cuidados y pasar de estándares mínimos de protección social a la consolidación de los derechos y a nuevos sistemas de cuidados".
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