Este curso se realiza también en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, como una señal de la Cooperación Española en la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas. Durante la inauguración, la directora del CFCE Montevideo, Mercedes Flórez, resaltó que en relación a los delitos de trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, se desarrollan proyectos bilaterales con presencia y acompañamiento en el diseño de políticas públicas en diferentes países de la región (Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Honduras y Guatemala.)
La trata de seres humanos es la forma de esclavitud del siglo XXI y supone una violación flagrante de los derechos humanos, siendo una de las modalidades más crueles e inhumanas del crimen organizado y una amenaza permanente al ejercicio del derecho a la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes.
Según datos de la organización Save the Children, la trata de personas aprovecha las situaciones de pobreza, exclusión, violencia y vulnerabilidad psicológica y emocional en las que generalmente se encuentran sus víctimas, las que se ven obligadas a vivir en esclavitud y explotación (sexual comercial, laboral u otras). A raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, el desafío es conocer cómo afectó a las víctimas de trata y qué medidas concretas se adoptaron para su protección.
El delito de trata de personas, por su naturaleza transnacional, presenta algunas características similares en los países de la región, pero también tiene expresiones particulares en cada uno de ellos. La región es un sitio de captación, tránsito y explotación para las víctimas de trata con diferentes énfasis. Sin embargo, desde una perspectiva regional, Centroamérica es principalmente una región de captación de víctimas que siguen la ruta de tránsito hacia destinos en el norte del continente como México, Estados Unidos y en menor medida, Canadá y Europa; lo que significa que en todos ellos se presentan por igual casos de trata interna e internacional.
En relación al tratamiento de las víctimas de trata en los procesos judiciales, son diversas las problemáticas existentes que ha sido expuestas por organismos internacionales y por entidades de la sociedad civil dedicadas al apoyo de las víctimas de trata, y que suceden a lo largo de todo el proceso, desde la fase previa (invisibilidad del delito, dificultades de identificación de víctimas, carencia de medidas de apoyo), durante el proceso judicial (dificultades para investigar que convierten a la víctima en una fuente de prueba fundamental, validez de la prueba preconstituida, utilización de medios tecnológicos) y en la fase posterior a la finalización del proceso (responsabilidad civil, reconocimiento como víctima de trata, regulación de la situación administrativa). Detectar estas problemáticas, conocerlas, entenderlas y establecer mecanismos de mejora deviene una exigencia en nuestra actividad como jueces y juezas, fiscales y demás operadores jurídicos. A raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, el desafío es conocer cómo afectó a las víctimas de trata y qué medidas concretas se adoptaron para su protección.
En tal sentido, esta capacitación busca conocer la regulación penal del delito de trata de seres humanos existente en España. Además, buscará determinar las dificultades a las que se enfrenta la victima de trata de seres humanos antes, durante y después del proceso penal, para poder establecer mecanismos de mejora; así como también conocer la significativa afectación que la pandemia provocada por la COVID-19 en las víctimas de trata de seres humanos y compartir las medidas concretas adoptadas para su protección.
La Cooperación Española se encuentra comprometida con el combate a este tipo de delitos, a través de una programación de cooperación judicial internacional de carácter regional, sobre acceso a la justicia eficiente y de calidad, en el marco de su programa Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, a través del Plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento de la Cooperación Española en América Latina y El Caribe – Plan INTERCOONECTA, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de las administraciones públicas y otros actores vinculados a las políticas públicas para avanzar en los retos regionales y el cumplimiento de la Agenda 2030, en especial los ODS 5 (Igualdad de género), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).