El informe lo elaboró la coalición de
organizaciones de la sociedad civil integrada por CLADEM, Colectiva Mujeres, Iniciativas Sanitarias y el Instituto Afrodescendiente
para la Investigación, el Estudio y el Desarrollo con el fin aportar a las recomendaciones que el comité de la CEDAW realizó al estado uruguayo en relación a los derechos de no discriminación, salud, acceso a la justicia, participación política, mujeres en situación de desventaja como son afrodescendientes, indígenas, privadas de libertad, del ámbito de familia, educación, etc.
Una de las principales preocupaciones expuestas en el informe es la prevalencia de la violencia de género en Uruguay. Según estadísticas recientes, el 76,7% de las mujeres de 15 años y más ha denunciado situaciones de violencia a lo largo de su vida, lo que representa aproximadamente 1,1 millones de mujeres. Además, se destacó que el 81% de las víctimas de explotación sexual infantil son mujeres, con un total de 75 denuncias registradas en 2022.
En cuanto al derecho a la educación, el informe señala una brecha significativa para la población afrodescendiente, cuya tasa de continuidad en los estudios es considerablemente menor en comparación con la población no afrodescendiente. Esto se evidencia especialmente a los 19 años, donde solo el 29,2% de las personas afrodescendientes continúan sus estudios, en contraste con el 51% de las personas no afrodescendientes.
Otro tema que aborda es la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), donde se resaltó la persistencia de obstáculos para el acceso de niñas y mujeres extranjeras a este derecho, debido al requisito de residencia de un año en el país. Además, se menciona que las políticas de prevención de embarazos en menores de 15 años se han estancado, con un preocupante número de embarazos en este grupo etario en los últimos años.
En relación a la educación sexual integral (ESI), el informe lamentó la falta de implementación de esta en los últimos años, lo que ha contribuido al estancamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país.
En el ámbito de la participación política, se destacó la desigual representación de género en los espacios de decisión, donde los hombres ocupan el 85% de los cargos en el poder ejecutivo, incluso en casos donde las mujeres son mayoría en el sector, como en el Ministerio de Desarrollo Social.
El informe también incluyó una serie de recomendaciones para abordar estas problemáticas. Entre estas recomendaciones se encuentra la provisión de recursos adecuados para la implementación de la ley de violencia de género, la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia en materia reproductiva, entre otras.
Ana Lima, coordinadora nacional de CLADEM Uruguay y co-redactora del informe, destacó la importancia de este tipo de iniciativas desde las organizaciones sociales, como herramientas de incidencia política. Explicó que el comité de expertas de CEDAW examina el cumplimiento de los estados con la Convención y que el trabajo de la sociedad civil es fundamental para señalar aquellos aspectos en los que aún queda camino por recorrer. Este informe lo redactaron
Señaló que este documento aborda todos los puntos contemplados en la Convención CEDAW, incluyendo la no discriminación, el derecho a la salud, el acceso a la justicia, la participación política y los derechos de las mujeres en situación de desventaja, como afrodescendientes, indígenas y privadas de libertad. Destacó que por ello el informe es una herramienta de incidencia política poderosa que busca evidenciar aquellas áreas en las que el Estado aún tiene pendientes.
En cuanto al proceso de revisión por parte del Comité CEDAW, Lima explicó que, a pesar de que los estados suelen informar que están cumpliendo adecuadamente con la Convención, el trabajo de la sociedad civil es señalar los desafíos que aún se deben resolver y hacer recomendaciones para mejorar la situación de los derechos de las mujeres. En este sentido, resaltó la importancia de las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW, que reflejan la necesidad de implementar efectivamente las leyes y políticas existentes en el país.
Lima también hizo hincapié en la necesidad de un diálogo constructivo entre la sociedad civil y el Estado para abordar las preocupaciones planteadas en el informe e hizo un llamado a continuar sistematizando el trabajo realizado y a mantener un diálogo constante con el gobierno para asegurar que se tomen las medidas necesarias para avanzar hacia la igualdad de género en Uruguay.
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