El deterioro de las democracias en América Latina y el malestar de los ciudadanos con el funcionamiento de sus sistemas políticos se asocia, en buena medida, a las dificultades de las instituciones democráticas para promover un desarrollo económico justo y sostenible. De hecho, uno de los principales problemas estructurales de la región es la incapacidad de las democracias para impulsar y facilitar ese desarrollo y generar políticas públicas que permitan superar obstáculos como la desigualdad, la baja productividad o la informalidad. Esta interacción entre democracia y desarrollo sitúa la noción de democracia económica en primer plano del debate sobre el estado actual de la región.
La mejora o revitalización de la democracia en los países de la región pasa por transformar los esquemas actuales de gobierno, y avanzar hacia formas de gobernanza democrática con capacidad suficiente para afrontar las denominadas “trampas del desarrollo” (CEPAL, 2021) a través de estructuras inclusivas, transparentes, adaptables y porosas. Esta mejora implica además un reacomodo del entramado institucional en el que tengan cabida nuevos actores políticos, económicos y sociales, y en el que se redefinan intereses y demandas con las que construir proyectos de país.
En concreto, para avanzar hacia estos fines, resulta fundamental profundizar en la reflexión y el debate sobre las siguientes temáticas:
· Transiciones y pactos necesarios para establecer las bases del desarrollo sostenible en sus distintas dimensiones (socio laboral, fiscal, ambiental y digital).
· Participación de nuevos y viejos actores sociales y económicos en una nueva democracia económica.
· Modelos de gobernanza de lo público y del Estado como motor de las grandes transformaciones socio-económicas.
El "3er encuentro de debate para América Latina y el Caribe. Diálogo con actores económicos", que se celebró los días 14 y 15 de septiembre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia), fue inaugurado el miércoles 14 de septiembre por Antón Leis García, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Joaquín Arístegui Laborde, embajador de España en Colombia y Álvaro Calderón Ponce de León, director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Este encuentro tuvo como fin convocar a actores políticos, económicos y sociales para confluir en una conversación en torno a la relación de la democracia con el modelo de desarrollo económico y social. El propósito era identificar los principales ejes de acción en el marco un nuevo contrato social que promueva un sistema político más democrático y un modelo de desarrollo socioeconómico más justo y sostenible.
Participaron en el encuentro representantes de actores sociales, públicos y privados, vinculados al desarrollo económico y productivo, así como representantes de instituciones públicas especialmente conectadas con el rol del Estado como promotor de desarrollo sostenible. Gustavo Minaya, secretario general Adjunto del Consejo Nacional de la Confederación General de Trabajadores de Perú; Margarita Faral, directora general de Rentas del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay; Carlos Maldonado, oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Argentina, o Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, entre otros expertos de la región.
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